¿Rectificaciones o reacomodos oportunistas?

por José Rafael López Padrino

Las contramarchas y retrocesos del régimen en la imposición de su proyecto militarista no son nada nuevo. Constituyen tácticas alternativas, desplegadas cada vez que las circunstancias políticas no son las más favorables y las alternativas planteadas no permiten alcanzar los objetivos trazados. Las últimas acciones del tte coronel evidencian una retirada coyuntural dada la pérdida de su popularidad, y el fracaso político y organizativo del PSUV en un escenario pre-electoral.

Ejemplos de estos retrocesos tácticos han sido el currículo bolivariano, la reforma del sistema de ingreso a las universidades, y la Ley de pesca, todos ellos en estado de hibernación hasta nuevo aviso. La suspensión de la represión policíaco-militar en contra de los trabajadores de SIDOR, cuya reculada condujo a la nacionalización de la empresa SIDOR que estaba en manos de la transnacional ítalo-argentina Ternium. Igualmente la suspensión de la decisión de Venezolana de Televisión de cobrar por la retransmisión de sus contenidos, así como la anulación de la rebaja de las tarifas del transporte público. Y más recientemente la derogación de la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, mejor conocida coma la Ley Sapo. Obviamente, nadie se cree que tales retrocesos respondan al talante democrático del líder, comandante y presidente frente a las críticas recibidas y mucho menos a su capacidad y sabiduría, como lo afirmó recientemente uno de los actores de la masacre del Amparo, el hoy flamante Ministro del Interior Rodríguez Chacín.

Ahora ¿A que responde la derogación o suspensión de todas estas leyes y decretos? Son múltiples los factores, no necesariamente excluyentes, que han forzado estos mea culpa del bufón de Sabaneta. Primeramente, reflejan el debilitamiento político del susodicho para imponer unilateralmente su agenda autoritaria. Segundo, demuestran la importancia de la protesta popular en todas sus formas, como arma de lucha frente las medidas totalitarias del proyecto verde oliva, con bota y pistola. Tercero responden a un reacomodo oportunista del tte coronel ante un panorama electoral el cual no es el más promisor para él ni para sus pretensiones hegemónicas. Suficientes problemas ya agobian a su ineficiente administración (inflación galopante, escasez de alimentos y medicinas, desempleo, falta de seguridad personal, corrupción voraz, crisis médico-asistencial y educativa, etc.) para ahora imponer nuevas leyes y decretos antipopulares que puedan agravar aún más las perspectivas frente a la próxima consulta electoral. El tte coronel y los amanuenses del PSUV saben ciertamente, que una derrota en las próximas elecciones sería un cataclismo nacional e internacional para su proyecto socialmilitarista. Derrota que podría tener una gran incidencia en las elecciones parlamentarias del año 2009, y obviamente en las elecciones presidenciales del 2012.

En resumen, el régimen ha apelado a un repliegue táctico por ahora debido al agotamiento y comportamiento errático que acusa el proyecto cuartelario del tte coronel, y porque la protesta popular de calle ha sido ruidosa. No se trata de un cambio de rumbo y por ello no seria nada extraño que ante un hipotético triunfo electoral del oficialismo en el proceso eleccionario para elegir los Alcaldes y los Gobernadores, el régimen replantease a corto plazo la derrotada reforma constitucional del pasado 2D. Prueba anticipada de ello han sido las sumisas declaraciones de William Lara al confesar paladinamente que después de los comicios de Noviembre, replantearán el proyecto de reforma constitucional, con especial énfasis en el tema de la reelección indefinida del inquilino de Miraflores.

Chávez Retracts New Spy Law

Hmm, now why is he backtracking? Any one dares to guess? The international outcry along with concerns raised by Venezuelan NGOs, Human Rights Groups and regular citizens about the law's disregard for citizens' rights and freedoms seemed to have had an impact on his decision to retract (at least, that's what we would like to think).

Now he's promising a new, revised, cleaner version, one that respects civil liberties. Yeah, right, who knows... Is he going to remove one clause, two clauses, three clauses? Will that make it constitutional? What difference does it make, anyway? And who is going to be part of that commission which supposedly will rewrite the law? Are they going to listen to the objections made by civil society? We'll see, but for now, listen to the masters voice:







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Video: Ley de Inteligencia y Contrainteligencia en Venezuela, Part.1

Sello Nazi-fascista

Por José Rafael López Padrino

Sin mayor publicidad el régimen aprobó (5-28-08) en el marco de la Ley habilitante, uno de los instrumentos legales más nefastos y peligrosos para la sociedad venezolana en los últimos tiempos de Historia Republicana. Se trata de la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, recurso jurídico de carácter nazifascista orientado a reprimir a las corrientes de la disidencia política, a los movimientos sociales y gremiales, a las organizaciones no gubernamentales, en fin a todos los ciudadanos que no se identifiquen con el proyecto cuartelario del tte coronel. Se avanza en la militarización de la sociedad, y en la creación de un Estado policial de mutua sospecha, basado en el terror policial, en las denuncias sin rostro, y en la limitación a los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos.

Con la aprobación de este instrumento nazi-fascista, bajo la excusa de la seguridad nacional o seguridad de la patria, se consolida una guerra de baja intensidad orientada: a establecer un control sobre la población (todo ciudadano es una amenaza), a criminalizar cualquier tipo de disidencia, y a crear la figura del enemigo interno. Es la reivindicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, sostén ideológico de las dictaduras militares en América Latina durante las décadas de 1960 y 1970. Este bodrio de Ley, es equivalente en grado de perversidad a la Ley de Autorización sancionada durante el mandato de Hitler o más recientemente la Ley Patriota aprobada por la administración Bush, la cual ha sido criticada por los voceros del oficialismo, pero que hoy asumen un silencio celestino.

Esta Ley institucionaliza la figura del delator (Art. 16) al señalar que todo ciudadano está en la obligación de dar información a los cuerpos de inteligencia y cooperar con ellos, sin que medie la actuación de un fiscal o un juez.

Pero más grave aún es el Artículo 20, el cual le da carácter probatorio a las informaciones y documentos inherentes a la seguridad y defensa, obtenidos por los esbirros del régimen en la actividad operativa y de investigación, lo cual vulnera principios constitucionales fundamentales establecidos en la Carta Magna vigente (Art. 49).

Pero si ello fuese poco, el artículo 21 de dicha Ley, prevé la confidencialidad o secreto de la prueba, por lo cual se puede proceder a su incorporación al expediente en la fase procesal sin conocimiento del indiciado. De igual manera y de acuerdo con el texto del artículo 28 de la ley, se enumeran las cargas civiles y penales que caerán sobre quienes publiquen o den a conocer por cualquier medio actividades, informaciones, documentos y objetos declarados como confidenciales o secretos.

En definitiva, con la aprobación de esta nueva Ley se coloca a la población en un estado de indefensión jurídica frente a un Estado opresor y se le da piso legal a las acciones represivas que puedan llevar a cabo los sicarios del régimen con el propósito de atemorizar y reprimir cualquier tipo de descontento frente a las políticas bonapartistas del tte coronel.



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