Economistas de todas las posiciones del espectro ideológico suscriben esta advertencia sobre los riesgos económicos de la propuesta de reforma constitucional.
Los Riesgos Económicos de la Propuesta de Reforma Constitucional
La propuesta de Reforma Constitucional, aprobada por la Asamblea Nacional a ser considerada en Referéndum el 2 de diciembre, implica graves riesgos para la estabilidad económica y monetaria de Venezuela. De llegar a ser aprobada representa un cambio fundamental en la estructura del Estado y de la Constitución vigente, toda vez que se pretende instaurar un Estado y una economía socialista. También alteraría los principios básicos de la Constitución en lo concerniente a pluralidad, alternabilidad y libertad. Se ha explicado, y se debe enfatizar, que una verdadera reforma constitucional según el artículo 342 no puede modificar los fundamentos del Estado.
En lo relativo a los aspectos económicos que trata esta propuesta, son diversos, pero queremos referirnos solamente a algunos de los más importantes. En el artículo 112 de la reforma se plantea que:
El Estado promoverá el desarrollo de un modelo económico productivo, intermedio, diversificado e independiente, fundado en los valores humanísticos de la cooperación y la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales…todo ello con el objeto de crear las mejores condiciones para la construcción de una economía socialista (cursivas nuestras). Se desconoce el significado de un modelo productivo, intermedio... y la orientación productiva no ha sido el signo de la política económica que ha aplicado el gobierno hasta ahora, pues se promueven las importaciones masivas. En lo concerniente al modelo intermedio persiste la indefinición. La economía socialista en el lenguaje ideológico de la reforma significa un predominio absoluto del Estado sobre toda la actividad económica con una sola tendencia, una versión de socialismo radical, como guía organizadora del Estado y de la economía, la cual enfatiza la colectivización de la propiedad como prioridad, en perjuicio de la propiedad privada, sea ésta pequeña, mediana o grande, todo lo cual inhibe la inversión y la creación de empleos.
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