Botazo militar habilitante

José Rafael López Padrino

El adefesio de reforma constitucional propuesto por el tte coronel no avanzó porque, la mayoría de los venezolanos dijo No el pasado 2D. En dicho proceso, el centauro de Sabaneta sufrió su primera gran derrota electoral y evidenció la perdida de su liderazgo en el pueblo venezolano. Sin embargo, buena parte de los cambios rechazados el pasado 2D han sido impuestos, gracias a que la Asamblea Nacional abdicó su razón de ser transfiriendo su función legisladora al jefe máximo durante 18 meses a través de una Ley Habilitante. El contenido de estas leyes se estableció sin debate alguno, sin participación ciudadana. Solo los los postrados miembros del Consejo de Ministros y los amanuenses más cercanos al líder del proceso tuvieron oportunidad de discurtilas.

Este botazo militar demuestra una vez más el carácter cuartelario del régimen. Se trata de un autoritarismo, de tratar de imponer a trocha y mocha la idea de transformar al país en una gran guarnición militar, en contra de los deseos de la mayoría de los venezolanos. Este golpe de Estado lamentablemente se ha producido gracias a la cabronería y sumisión del Tribunal Supremo de Justicia quien le confirió constitucionalidad, como leyes orgánicas, a siete de los 26 decretos con fuerza de ley decididos unilateralmente por el tte coronel, justo antes de que venciera la Ley Habilitante (Fuerza Armada Nacional Bolivariana; Seguridad y Soberanía Agroalimentaria; Ordenación y Desarrollo del Territorio; Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales; Administración Pública; Sistema Financiero Público y Consejo Superior Financiero; y Espacios Acuáticos).

Entre las muchas leyes aprobadas por la vía habilitante, cabe destacar, la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual en su artículo 70 indica:

La Presidenta o Presidente de la República podrá designar autoridades regionales, las cuales tendrán por función la planificación, ejecución, seguimiento y control de las políticas, planes y proyectos de ordenación y desarrollo del territorio aprobados conforme a la planificación centralizada, así como las demás atribuciones que les sean fijadas de conformidad con la ley, asignándoles los recursos necesarios para el eficaz cumplimiento de su objetivo.

Obviamente la misma constituye una reedición de las vicepresidencias regionales, lo que atenta contra la autonomía de los gobiernos regionales y locales, transformando a los gobernadores y alcaldes electos popularmente en verdaderos relegados carentes de poder político y económico.

Igualmente fue aprobada la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la cual autoriza la creación de la Milicia Nacional como un nuevo cuerpo, la cual estará al servicio exclusivo del inquilino de Miraflores, y modifica el nombre de la institución agregándole el adjetivo bolivariana. Esta Milicia Nacional o Guardia Pretoriana del tte coronel, seguramente se destinará a reprimir la disidencia interna, así como a garantizar la continuidad del proyecto capitalista explotador.

Estas nuevas leyes no constituyen decretos distraccionistas, como algunos ilusos han afirmado. Se trata de una reforma constitucional de facto, realizada a través de las Leyes aprobadas subrepticiamente el último día de vigencia de la Ley Habilitante. Constituyen los instrumentos jurídicos a través de los cuales se institucionaliza el proyecto autoritario a semejanza de los dictadores africanos del pasado y del presente. No olvidemos que los Estados fascistas no reconocen limitación alguna que restrinja las pretensiones hegemónicas del líder por controlar todos los aspectos de la vida nacional. En definitiva, el socialmilitarismo del siglo XXI, marcha de acuerdo a la voluntad del nuevo mesías caribeño con el apoyo irrestricto de los abyectos del PSUV y demás mujiquitas que reptan a su alrededor.