por José Rafael López Padrino
En octubre de 1988 en el pequeño pueblo de El Amparo, 14 pescadores fueron masacrados en el sector conocido como Caño La Colorada, del estado Apure. La operación fue ejecutada por miembros del Comando Específico José Antonio Páez (Cejap), el cual fue creado con la finalidad de garantizar la seguridad de esa zona fronteriza. El general (r) Humberto Camejo Arias, jefe de la Guarnición del Táchira, a la cual está adscrito el Cejap, justificó de inmediato dicha acción, al calificar al grupo de pescadores como integrantes de la guerrilla colombiana que preparaban acciones en contra de la seguridad de la nación (argumentos muy en boga de nuevo en estos días). Sin embargo, las ropas que vestían, la ausencia de armas y el testimonio de dos sobrevivientes permitieron conocer la monstruosidad del crimen: se había consumado una vulgar masacre en contra de humildes pobladores de la zona, para justificar la existencia del Cejap, ante su fracaso operativo en combatir a la guerrilla colombiana.
Como es habitual en estos casos, las investigaciones de los hechos fueron dirigidas arbitrariamente por los tribunales militares y los imputados en los hechos quedaron en libertad a través de una sentencia inconstitucional emanada de la Corte Marcial, la cual fue lamentablemente ratificada por la Sala Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia y legitimada políticamente por el gobierno de Jaime Lusinchi invocando la seguridad de la patria.
Han transcurrido casi veinte años y el Estado venezolano sigue incumpliendo el deber de sancionar judicialmente a los culpables (intelectuales y materiales), así como el de indemnizar a las víctimas y a los sobrevivientes, tal como lo ratificó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el mes de noviembre del 2002. Lamentablemente, el régimen del tte coronel no tan sólo se ha hecho cómplice al no castigar a los culpables, sino que a muchos de los involucrados los ha premiado y hoy ocupan importantes cargos en el gobierno. Entre otros tenemos al capitán de Navío (r) Ramón Rodríguez Chacín (oficial operativo del Cejap), actual ministro del Interior y Justicia, al coronel (r) José Vivas Quintero, jefe de operaciones del Cejap, quien se desempeñó como jefe de finanzas del MVR y actualmente es diputado al Parlamento Latino, al mayor (r) Ricardo Pérez Gutiérrez, juez de la causa que fabricó pruebas para encubrir a los funcionarios implicados, ha trabajado en varias oportunidades en el Ministerio de la Defensa, sargento técnico de Primera (r) Omar Pérez Hudson, responsable de inteligencia de la Disip, inspector jefe de la Disip (r) Celso Rincón Fuentes, funcionario de confianza del sistema de prisiones.
Al margen del discurso maniqueo de los amanuenses del oficialismo, el silencio cómplice y la impunidad demostrada son la mejor prueba del apego que el socialmilitarismo del tte coronel tiene por los DD.HH. Da verguenza ver a quienes lucharon en el pasado en contra de estos atropellos, hoy apoyar a los autores de esas matanzas.
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