El imperio como socio

José Rafael López Padrino

La decisión judicial de tribunales británicos, estadounidenses y holandeses, de congelar activos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en sus respectivos países, como parte de una demanda entablada por la transnacional Exxon-Mobil, ha reanimado el ya moribundo y escuálido discurso anti-imperialista del régimen. Conocida la noticia los mujiquitas del oficialismo han respondido enarbolado las banderas de la plena soberanía petrolera y de la absoluta independencia del Estado venezolano en fiel cumplimiento de las ordenes del líder.

Pero hagamos algo de historia en cuanto a la apertura petrolera y la creación a posteriori de las empresas Mixtas que han sido el punto de partida de la presente diatriba judicial. La apertura petrolera (Convenios Operativos, Asociaciones Estratégicas y Outsourcing firmados con el capital internacional y criollo), fue la política del Estado capitalista venezolano que sustituyó a la nacionalización, a partir de la década de los 90.

Significó la privatización de hecho del sector petrolero, que en 1975 había sido formalmente nacionalizada. Fue el retorno al país de las compañías petroleras extranjeras, como lo había anticipado Juan Pablo Pérez Alfonso. Sin embargo, en el año 2006 el régimen se encargó de bolivarianizar la apertura petrolera mediante la aprobación del Contrato Marco para las Empresas Mixtas, por parte de la Asamblea Nacional. Mediante estas nuevas formas de negocio las transnacionales se convirtieron en socio propietario del 49% del sector petrolero, con derecho a percibir hasta un 66,67% del valor del mercado del petróleo producido. Mediante la constitución de estas empresas el capital privado multinacional consolido su condición de propietario de los recursos naturales de carácter estratégicos, dando inicio a un nuevo modelo de recolonización por parte de las multinacionales en nuestro país.

La formación de estas empresas, aunado al otorgamiento de la Plataforma Deltana a Chevron Texaco y Statoil, la entrega de la Planta de Olefinas a EXXON, el desmantelamiento científico de INTEVEP, y por lo tanto imposibilitando cualquier desarrollo tecnológico nacional, la paralización de BITOR y por ende el cese de la producción de la Orimulsión constituyen algunas de las muchas medidas antinacionales implementadas por el régimen. Esto sin olvidar el acuerdo firmado con el Freemarket Petroleum, destinado al suministro de petróleo a la reserva estratégica de los Estado Unidos. En resumen, pura soberanía de pacotilla.

Producto de la política petrolera mal llamada soberana y revolucionaria (2006), el gobierno venezolano, y cuatro compañías –la francesa Total, la noruega Statoil, la estadounidense Chevron y la británica British Petroleum (BP) aceptaron que PDVSA se convirtiera en accionista mayoritario de la empresas mixtas que operan en la faja petrolera del Orinoco. Sin embargo Conoco-Phillips y Exxon-Mobil optaron por abandonar los contratos en lugar de seguir como socios minoritarios, retirándose de la región del Orinoco, aunque siguen operando en otras regiones del país. Ambas empresas iniciaron acciones de arbitraje en el Banco Mundial en busca de una mayor indemnización que la ofertada por el Estado Venezolano.

Esta acción de arbitraje (disputa sobre el valor de los activos) es lo que ha conllevado al dictamen de la orden de congelación de los $12 mil millones de bienes solicitada por Exxon-Mobil. Constituye un procedimiento judicial, de carácter provisional, entre dos socios que no han coincidido en el justiprecio de unos bienes (pago de bienes, no expropiación). Es el resultado de la puesta en práctica de la cláusula de arbitraje contemplada y aceptada entre las partes (Transnacional-Estado venezolano), mediante la cual Venezuela abdica su soberanía para someterse a las decisiones de tribunales extranjeros, en este caso, tribunales de arbitraje. Por lo tanto, no se trata de una acción perversa del Imperio, la CIA, los lacayos de Mr. Danger, etc., en contra la robolución bonita como se pretende hacer ver, son simples disputas entre socios comerciales.

Esta medida judicial en contra de la estatal petrolera le viene como anillo al dedo al tte coronel para alimentar su retórica anti-imperialista, cuando se muestra agobiado por la ineficiencia, la incapacidad y la corrupción de su gobierno, la inseguridad, la escasez de alimentos, la inflación, el colapso del sistema medico asistencial, entre muchos otros, que vivimos los venezolanos. El régimen afronta su peor crisis de gobernalibilidad en estos nueve años de (des)gobierno y de allí su urgencia en la búsqueda de un enemigo externo llámese Uribe, Bush, o Exxon-Mobil.