José Rafael López Padrino
En las últimas décadas la sociedad venezolana ha sido víctima de uno de los peores flagelos: el terrorismo de Estado. Es decir la utilización por parte del Estado de métodos ilegítimos orientados a inducir el miedo y el terror en una población para alcanzar sus objetivos sociales, políticos o militares. Para nadie es un secreto que desde los inicios de nuestra vida Republicana estas prácticas perversas han sido implementadas con la finalidad de desarticular las organizaciones políticas, sociales, sindicales y populares no afines con los gobiernos de turno.
Sin embargo, el régimen del tte coronel no solo le ha dado continuidad a estas prácticas ajenas a cualquier Estado de derecho, sino lo que es peor aún, las ha acentuado desde su llegada al poder. En efecto, el régimen ha adoptado como parte integral de su proyecto bonapartista una política de terrorismo de Estado en su afán por imponer sus ideales militaristas, así como menguar la capacidad de lucha de los sectores políticos que lo adversan (enemigo interno). Políticas que han sido puestas en práctica a través de diversos medios, desde la elaboración de listados excluyentes y discriminatorios por razones políticas (Tascón, Maisanta), hasta la realización de acciones de intimidación, represión y muerte realizadas por los cuerpos de seguridad del Estado y la FAN (represión formal), así como a través de sus malandros tarifados (grupos paramiliatres) que de revolucionarios solo tienen la figura del Che impresa en sus pañuelos con los cuales esconden sus rostros de delincuentes (represión informal). Basado en esta concepción fascista se ha engendrado un Estado Terrorista con la facultad de hacer del uso de la fuerza, como instrumento fundamental en el ejercicio del poder. Estado donde además la impunidad se ha convertido en norma, lo que ha conllevado a una violación sistemática de los derechos humanos fundamentales.
Estos mercenarios neofascista han operado abiertamente (pistoleros de puente LLaguno-2002; masacre de Plaza Altamira-2002; emboscada oficialista de la UCV-2007, etc.) o en secreto al amparo de la noche (artefactos explosivos-2008), pero siempre disfrutando de los recursos logísticos y de la protección de los cuerpos de seguridad del Estado. Son ellos los verdaderos ejecutores de la guerra sucia, de la represión destinada acallar la disidencia políticas pero sin comprometer al régimen. Vándalos que en su sistémico accionar han intimidado, reprimido, y masacrado al mejor estilo de los Fascios Italianos de Combate (Camisas Negras), la Jeunesses Patriotes (Juventudes Patrióticas) francesa, o los guerreros sagrados (la SS) alemana. Todo esto acompañado de un Poder Judicial corrupto, que legitima la impunidad con la cual estos grupetes actúan.
Los últimos acontecimientos demuestran claramente que los jinetes de la guerra sucia están empotrados en las instituciones del Estado. La lamentable muerte de Héctor Serrano (funcionario de la Policía Metropolitana) cuando colocaba un artefacto explosivo, evidencia como agentes de la seguridad del Estado forman parte de las redes fascistas que el régimen utiliza a fin de imponer su visión totalitaria. Resulta por demás ridículo y peregrino que el tte coronel y su combo de eunucos políticos pretendan desmarcase de este tipo de acciones al señalar que las mismas fueron instigadas por ultraizquierdistas pagados por la CIA. Todos sabemos que las recientes acciones en la ciudad de Caracas fueron realizadas por los tarifados grupos sociales y colectivos revolucionarios que juran lealtad al proceso y que responden obviamente a las directrices del usuario de Miraflores. Indiscutiblemente el régimen ha hecho suyo, una vez más, letra a letra el libreto Goebbeliano de Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad, Miente, miente, que al final algo quedará y cuanto más grande sea una mentira, más gente lo creerá. Los verdaderos héroes revolucionarios nunca han sido, ni serán mercenarios del Estado.
Photo credit: Licensed under Creative Commons by anarchosyn
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